Tanto el propietario del mismo, el ingeniero agrónomo Alejandro Javier Becerra (62), como dos de sus peones rurales, José Adrián Cortez (30) y Carlos Víctor López (49) terminaron imputados por quemar pastizales en mayo de 2020, a los fines de renovar la pastura y que los animales puedan alimentarse.

El inicio del fuego originó un incendio que no solo puso en riesgo bienes, sino que se propagó hasta cercanías del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

El hecho constituyó un daño ambiental grave, debido a las altas temperaturas, el viento fuerte que soplaba en ese instante y el riesgo extremo de posibilidad de incendio.

Luego de constatar que el fuego se había extendido de forma descontrolada, ni Becerra, mucho menos Cortez y López dieron aviso a los bomberos, lo que puso en riesgo flora, fauna, recurso hídrico y el ecosistema en general de la zona en donde habían iniciado los focos ígneos, el campo denominado El Durazno, en cercanía del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

El total de superficie afectada fue de 122,6 hectáreas, lo que demandó el trabajo incesante de bomberos de Los Hornillos, Mina Clavero y otras localidades, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y efectivos policiales de la departamental San Alberto.

El pacto de un juicio abreviado, en donde los tres imputados reconocieron ser los autores de iniciar el incendio, fue labrado por el fiscal de Cámara, Sergio Cuello y los abogados defensores de los acusados, Martín Berrotaran y Tristán Gavier, que terminó homologando el juez Carlos Escudero, de la Cámara del Crimen de Villa Dolores, el pasado viernes en una audiencia con la modalidad de video llamada.

Por los tres años de prisión, en ejecución condicional, Becerra, empresario y propietario de una amplia cadena de supermercados en Alta Gracia y Villa Carlos Paz, propietario del campo, ofreció pagar 3 millones de pesos en tres cuotas en depósito al colegio Liqueno, ubicado en Altas Cumbres, en vez de realizar trabajos comunitarios.

En tanto, Cortez y López (carecían de antecedentes penales) deberán cumplir, por el plazo que dura su condena, tareas comunitarias en el dispensario de Villa Icho Cruz y cumplir una serie de requisitos.

La instrucción del caso la llevó adelante la fiscalía de Villa Cura Brochero.

(Fuente:La Otra Mirada)